El Senado de California dio un paso para abordar lo que muchos describieron como una costosa política fracasada que empeoraba las disparidades raciales en las sentencias, al aprobar la ley SB-180.
La ley permite una mayor financiación de los programas y servicios que mejoran la seguridad pública, incluidos los tratamientos comunitarios de salud mental y abuso de sustancias, los programas de empleo y la vivienda. ¿Cómo? La ley reduciría la congestión de las cárceles y pondría fin a la necesidad de construir y dotar de personal a nuevas y costosas prisiones. Además, aborda las crecientes disparidades raciales en el sistema de justicia penal. Aunque la cantidad de consumo y venta de drogas es similar en todas las razas, las minorías tienen muchas más probabilidades de ser detenidas y procesadas por violaciones de la ley de drogas.
El proyecto de ley deroga el aumento de la pena de tres años para algunas condenas previas por drogas; forma parte de un paquete de reformas que, según los legisladores, defenderá a los menores y hará que haya paridad en el sistema judicial.
Promulgada en 1985, la mejora pretendía disuadir la venta de drogas y reducir su disponibilidad en California. Los expertos coinciden en que ha fracasado en todos los aspectos: las drogas son más baratas, más fuertes y más accesibles que en cualquier otro momento de la historia de Estados Unidos.
Cómo funcionaba la ley antes del SB-180
En California, una persona condenada por venta puede enfrentarse a una pena de tres a cinco años de prisión, más tres años adicionales de cárcel por cada condena anterior por delitos de drogas relacionados. Por ejemplo, una persona que se enfrenta a una nueva condena por poseer una cantidad muy pequeña de drogas para la venta, que tiene una pena base de hasta cinco años, podría enfrentarse a nueve años adicionales si tiene tres condenas anteriores por venta. Este no es un escenario inusual para los consumidores de drogas adictos y sin hogar. Este tipo de aumentos de la pena por consumo de drogas es la causa principal de las condenas de más de 10 años en la cárcel del condado, según las investigaciones.
La implicación política de la SB-180
La SB-180 es una modesta inversión de la política perjudicial de la llamada guerra contra las drogas, que se dirige excesivamente a las minorías y no detiene el flujo de estupefacientes. La antigua ley ha desperdiciado millones de dólares de los contribuyentes de California. La eliminación de la mejora liberaría fondos que podrían invertirse en programas y servicios que reduzcan la delincuencia y mejoren la seguridad pública.
Además, la mejora castiga a un individuo dos veces por condenas anteriores por drogas sin abordar la causa fundamental de la implicación de una persona con las drogas. Este aumento de la pena ha contribuido a la congestión de las cárceles y prisiones, y hace poco o nada para disuadir la venta de drogas, o para disminuir la cantidad de drogas o el tráfico de drogas en las comunidades. La nueva ley es un paso adelante para restablecer el equilibrio en el sistema de justicia penal.